Doce alcaldes y ex alcaldes de la provincia de Jaén tienen cita pendiente en el juzgado

Doce alcaldes y ex alcaldes de la provincia de Jaén tienen cita pendiente en el juzgado

Los municipios en los que hay diligencias abiertas y en los que hay regidores imputados (o a punto de estarlo) por asuntos del ladrillo son Quesada, Torredelcampo, La Guardia, Jódar, Castillo de Locubín, Jamilena, Baños de la Encina, Noalejo, Cambil y Pozo Alcón. En Mengíbar hay una investigación en marcha sobre la etapa del anterior alcalde.
FUENTE DE INFORMACIÓN: www.ideal.es/jaen 
 
Ya pesan condenas sobre ex alcaldes de La Iruela o Albanchez de Mágina, que han sido inhabilitados. Es decir, más del 15% de los municipios de la provincia de Jaén están bajo sospecha de haber cometido desmanes urbanísticos.
A punto de pasar por el banquillo de los acusados (lo harán antes de final de año) están los alcaldes de Quesada, Manuel Vallejo, y de Torredelcampo, Blas Sabalete. El Fiscal acusa a Vallejo de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, por el que le pide inhabilitación para empleo o cargo público durante un año. A Blas Sabalete, que será juzgado en noviembre, le piden dos años de inhabilitación, la máxima pena prevista para el delito del que se le acusa.
Recién cerrada está la investigación realizada en Pozo Alcón, donde el Seprona de la Guardia Civil imputó a 72 personas, entre ellas a la ex alcaldesa, junto a medio centenar de vecinos, tres arquitectos técnicos, ocho constructores y diez directores técnicos de obra.
Curioso al menos es el caso de Noalejo. La Justicia llegó a imputar en 2007 a los once miembros de la anterior corporación municipal por su supuesta responsabilidad en irregularidades urbanísticas cometidas en la pedanía de La Hoya del Salobral. Un monte de titularidad pública calificado como suelo rústico protegido por paraje serrano donde se están construyendo chalés. En el caso, destapado a raíz de una investigación del Seprona de la Guardia Civil, también se imputó al actual alcalde, Antonio Morales Torres, y a un técnico municipal.
La mayor parte de estas causas judiciales abiertas comenzaron a instruirse en 2007 y aún están a la espera de juicio. Más vieja aún es la que se sigue en Baños de la Encina, donde a raíz de la denuncia de un particular se imputó casi a medio centenar de vecinos y al ya ex alcalde, Miguel Campillo, por las casas y naves ilegales que habían proliferado por todo el término municipal. Aunque para tumbos en los juzgados (con dos suspensiones ya) está el juicio del ‘caso Megatín’ de Torredelcampo, con el alcalde Sabalete imputado, que se instruye desde 2005.
En Castillo de Locubín la Guardia Civil investigó lo construido en las vegas de los ríos y llegó a imputar a 38 personas. Entre los llamados a declarar estaban tanto el alcalde actual, José Justo Álvarez, y el anterior, Antonio Cano. El PSOE, partido al que pertenece Cano, subrayó en un comunicado de 27 de marzo de 2008 que «nunca ha habido ningún tipo de especulación urbanística» a raíz de las supuestas obras ilegales en la zona de las Vegas» y que siempre «se actuó con la mayor honestidad y dentro de la mayor legalidad posible». Ese «dentro de la mayor legalidad posible» refleja la delicada situación con la que se encuentran los alcaldes a la hora de abordar el problema de las construcciones ilegales. Muchos se han quejado de que se encuentran con situaciones heredadas, con pocos medios en sus policías locales y con la presión vecinal para disponer de zonas residenciales.
En La Guardia es su alcalde, Juan Morillo, el imputado por autorizar una urbanización que no se ajustaba a la legalidad.
También figuran en la lista el ex alcalde de Cambil, Agustín Cubillo, por permitir chalés ilegales en su término municipal. En Jódar, el alcalde Angulo tiene un par de causas abiertas. Una por una expropiación que puede ser ilegal y otra por chalés ilegales.
En Andújar también se abrieron diligencias por temas urbanísticos en la carretera del Santuario. Se llegó a llamar a declarar al alcalde, Jesús Estrella, en calidad de imputado. Sin embargo el regidor iliturgitano demostró a la Fiscalía que no había incurrido en ilícito penal alguno y se levantaron los cargos contra él. Se sigue adelante contra un concejal de su equipo y varios particulares propietarios de las construcciones.
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